Como se ha subrayado en distintas tribunas comunicacionales, la partida de Evelyn Matthei y Andrés Allamand del Senado al gabinete ministerial de Sebastián Piñera puede incidir en un retroceso en proyectos legislativos que se inscriben en la llamada "agenda valórica". Matthei dejará de patrocinar el proyecto sobre aborto terapéutico que presentó desde la Cámara Alta junto al Senador PS Fulvio Rossi. Sin Allamand en el poder legislativo, el proyecto sobre vida en común, que normaría la vida en pareja para personas del mismo sexo, tiene una difícil sobrevivencia.
Que el destino de proyectos de ley en estos ámbitos dependa tan fuertemente de apenas dos nombramientos pone de relieve cuán secundarios son estos asuntos en el esquema de las prioridades del sistema político del país. La agenda valórica parece ser una causa que dirigentes y legisladores abrazan como relleno, como guiño electoral a un porcentaje mínimo de la población por si en una de esas resulta decisivo o para matar el tiempo mientras no surge algo mejor. Está claro que en el sistema presidencialista del país, hacerse de un ministerio significa acceder a una plataforma de resonancia mucho mayor que la de un escaño parlamentario. Las promesas de campaña en este sentido tampoco imponen mayores compromisos, pues ignorarlas no ha demostrado acarrear costos de envergadura.
Mirando la historia reciente del país es difícil sostener que la agenda valórica haya inclinando alguna vez la balanza en una elección. Las propuestas de las candidaturas en este plano simplemente no han sido protagonistas del debate ni las campañas. Si están presentes, lo están en la forma de colorinches afiches sobre una diversidad idílica o como anuncios que sus responsables desechan sin mayores consecuencias (las faltas a la palabra o el incumplimiento de compromisos de Piñera en Puerto Viejo, la ANFP y Magallanes han tenido consecuencias mucho mayores que la ambigüedad y desidia con que el gobierno y el oficialismo han enfrentado sus compromisos sobre igualdad entre personas de distintas orientaciones sexuales). Nuestro país es muy distinto en este sentido a Estados Unidos, donde el recurso a disyuntivas valóricas contribuyó en parte a la reelección de George W. Bush en 2004.
Claramente, el sucesor de Andrés Allamand en la senaturía por la 14ª circunscripción, Carlos Larraín, presidente de RN y supernumerario del Opus Dei, no pujará por el proyecto de su antecesor sobre unión conyugal. Esto es previsible, pero no se ha destacado lo suficiente que la llegada de Larraín al sillón de Allamand evidencia que al interior de los partidos la agenda valórica no crea una línea divisoria. Es algo en lo que los dirigentes pueden no estar de acuerdo sin mayores consecuencias, lo que es propio de cualquier tópico que no se considere relevante.
En cuanto a normativas que promuevan mejores derechos para los ciudadanos respecto de su vida familiar y sexual, la única exitosa ha sido la ley de divorcio patrocinada por los entonces diputados DC Mariana Aylwin e Ignacio Walker, cuyo proyecto fue ingresado en 1995 y tuvo una larga tramitación para entrar en vigencia recién en 2004, casi una década después. En ese lapso existía un amplio consenso en torno al anacronismo de no regular el divorcio y al carácter hipócrita del resquicio legal de las nulidades.
Si se asume que las iniciativas valóricas no presentan grandes incentivos para los legisladores y que aquellas que prosperan lo hacen gracias sólo a que existe un consenso amplio en torno a ellas, cabe esperar que estas materias sigan fuera de la agenda política mientras no se aquilate un fuerte consenso social en torno a ellas o cambien importantes determinantes del sistema político chileno como nuestro sistema electoral o la fuerte prevalencia del poder ejecutivo sobre el legislativo. Mientras tanto, seguirá habiendo polémicas y discusiones encendidas, pero no mucho de cambio real.
